Los ocho grandes problemas de los adolescentes

Paro, fracaso escolar, subcualificación, malos hábitos, unas pensiones tardías... el escenario para los jóvenes españoles es malo y la tendencia es a empeorar
La crisis económica también es una crisis política y valores, también social, educativa y de estructura nacional. Pero ¿quiénes van a salir peor parados? ¿quiénes están ya sufriendo las consecuencias de una sociedad que coarta sus necesidades de crecimiento, de desarrollo, de emancipación personal?: los jóvenes.
Los grandes problemas a los que se enfrentan los jóvenes cuando tienen que dejar el hogar paterno son numerosos y no plantean un panorama nada halagüeño. Uno de los problemas son los malos hábitos.

-La cultura y los hábitos. España no goza de una educación fomentada en la cultura del esfuerzo. En este sentido, los jóvenes tienen unos hábitos de vida que pasarán factura cuando la persona esté en la plenitud de la vida: propensión a consumir alcohol y drogas, pérdida de audición debido al gran uso de auriculares, vida nocturna, relaciones sexuales anticipadas lo cual conlleva el desarrollo de enfermedades de diversa índole y embarazos no deseados, embarazos no deseados en chicas que acabarán abortando con el consabido coste psicológico que se paga.

Educar en valores no es tarea fácil dados los tiempos que corren. Transmitir a nuestros hijos la construcción su personalidad, se estrella en demasiadas ocasiones con el modelo de sociedad que proyectan los medios de comunicación -especialmente la televisión- y fomentan incluso las administraciones.

Se trata de un modelo basado en no renunciar a nada, vivir sin complicarse la vida y esquivar el esfuerzo, que es la mejor forma de medir la felicidad en términos de placer inmediato, aunque lleve aparejados la pereza, el egoísmo y, a la larga, el fracaso

11-M

Madrid, 11 de marzo de 2004, 7.37 horas. Una bomba explota en un cercanías en la estación de Atocha. Apenas un minuto después se producen otras dos explosiones en el mismo tren. El caos y el desconcierto invaden los andenes y escaleras mecánicas de la terminal. Son las 7.38 cuando explotan otras dos bombas en un convoy en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia. A las 7.39, cuatro explosiones más destrozan otro tren a 500 metros de Atocha. En apenas tres minutos, 10 bombas reescriben la Historia: Madrid acaba de sufrir el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos hacen imposible olvidarlo.

La capital y sus habitantes despiertan entre el caos, los gritos y sirenas que retransmiten las emisoras de radio y el horror de las primeras imágenes que dan las páginas de Internet y las cadenas de televisión. Quienes no estaban allí compartían el dolor y la tragedia de los cientos de estudiantes y trabajadores que ese día, en hora punta, como hacían casi a diario, habían tomado uno de esos cuatro trenes de enlace entre el Corredor del Henares y la capital.

Ley del aborto

¿Cuántas mujeres abortan en España cada año?
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, un 3,27% más que en el año anterior. De ellas, 10.221 eran menores de entre 15 y 18 años.

¿Puede ir a la cárcel una mujer por abortar en España?
La ley actual de 1985 establece que una mujer que aborte fuera de los casos permitidos sea castigada con una pena de prisión que puede ir de seis meses a un año o multa de seis a 24 meses. Con la nueva ley se elimina la pena de cárcel para las mujeres que aborten, aunque lo hagan fuera de los nuevos supuestos. La futura norma sólo deja la multa para esos casos.

¿Qué pasa con los médicos que realicen abortos fuera de la ley?
La nueva ley endurece las penas para los profesionales que realicen abortos fuera de la ley, aunque sea con el consentimiento de la mujer. La norma de 1985 estable penas de prisión de uno a tres años y inhabilitación de uno a seis años. La nueva ley establece, además, que si el aborto se realiza fuera de un centro público o privado acreditado o si el aborto se lleva a cabo más allá de la semana 22 semanas se podrá imponer una pena en su mitad superior. En este caso la pena de cárcel se elevaría hasta los 4 años y medio y la inhabilitación hasta los nueve años.

¿Dónde se podrá abortar?
La futura ley incluye el aborto como prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y garantiza el igual acceso de todas las mujeres vivan en la comunidad autónoma en la que vivan. La interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros públicos o vinculados a la red sanitaria pública. En caso de que el hospital público no pudiera "facilitar en tiempo la prestación" la mujer podrá acudir a "cualquier centro acreditado" en el territorio nacional.

¿Qué pasa con la objeción de conciencia de los médicos?
El proyecto de la ley del aborto no regulaba la objeción de conciencia de los médicos, pero PSOE y IU-ERC-ICV han llegado a un acuerdo en la interrupción del embarazo, médicos y enfermeros. Deberá hacerse de forma individual y por escrito para evitar las objeciones en "bloque" de los hospitales públicos, donde se realizan apenas el 2% de los abortos en España. En un principio este asunto se había quedado al margen en este sentido. La objeción de conciencia está reconocida por el Tribunal Constitucional y ningún médico podrá ser obligado a practicar un aborto contra su voluntad.

¿Recibirán las mujeres algún tipo de información antes de decidir?
En el caso del aborto libre dentro de las 14 primeras semanas, la mujer deberá ser informada por escrito, al menos tres días antes de interrumpir su embarazo, de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
En el supuesto de graves anomalías para el feto, la mujer recibirá además información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas para las personas con discapacidad y de la red de organizaciones sociales de asistencia social.
En todos los supuestos la mujer será informada de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales del aborto.

¿Cómo se tratarán los datos de las mujeres que aborten?
La mujer que aborte será identificada con un código durante todo el proceso. Los centros sustituirán los datos identificativos de la paciente por el código en cualquier información contenida en la historia clínica en relación con el aborto. De forma general, no podrá accederse a dicha información. A los cinco años, los centros deberán cancelar de oficio la totalidad de los datos del paciente.